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Justicia a la medida de la Sala Constitucional de Costa Rica

Antonio Fernández3 años ago3 años ago2786 mins

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Durante los años 2020 y 2021, el gobierno de Carlos Alvarado aplicó una serie de medidas sin sustento técnico que lesionaron derechos constitucionales de los costarricenses. A pesar de que varios ciudadanos, organizaciones civiles, abogados y políticos presentaron varios recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional rechazaba dichos reclamos por el fondo o decía que prevalecía el interés público.

El Observador – Abril 2020

El primero fue un recurso de amparo contra la restricción vehicular sanitaria en el año 2020, presentado por ANFE, y seguido por otros más y acciones de inconstitucionalidad. Todos fueron rechazados, a pesar de que la restricción vehicular no contaba con criterio técnico y científicamente se demostró que los autobuses (que mantuvieron su funcionamiento) representaban mayor riesgo de contagio de enfermedades respiratorias, incluyendo CoViD-19.

La República – Enero 2021

En ese momento, ya era la segunda ocasión que Daniel Salas establecía un cierre de playas, generando descontento en la población pues recordaban cuando un surfista fue perseguido por un policía que accionó su arma para expulsarlo de la playa de Jacó donde se encontraba entrenando completamente solo.

La República – Febrero 2022

También en febrero del 2022, la Sala Constitucional no encontró problema alguno en que comercios negaran el ingreso a personas que se negaron a vacunarse o bien, estaban vacunadas contra CoViD-19, pero se negaban a usar un código QR por temor a vigilancia excesiva del gobierno. En esa oportunidad, la Sala Constitucional dijo que dicha práctica no era discriminatoria ni violentaba derechos constitucionales.

Cierre de Parque Viva, un criterio radicalmente distinto de la Sala

El 8 de julio del 2022, el gobierno de Rodrigo Chaves giró una orden sanitaria contra Parque Viva que establecía su cierre. El detonante fue una denuncia de la familia de una niña que no pudo recibir atención médica oportuna durante un concierto en dicho establecimiento. Según expuso el gobierno, junto al Cuerpo de Bomberos, las condiciones del acceso a dicho parque durante eventos masivos imposibilitan el acceso de vehículos de emergencia.

Gobierno habría señalado presuntas inconsistencias en los trámites solicitados por Grupo Nación para obtener permisos de funcionamiento. Roberto Thompson era Alcalde de Alajuela cuando se tramitaron los permisos de Parque Viva. Vecinos han presentado muchas quejas por presas y contaminación sónica, incluso previamente a la administración de Grupo Nación.

La Sala Constitucional, de manera casi expedita, determinó que el cierre de Parque Viva por parte del Ministerio de Salud, representó una amenaza para la libertad de prensa de Grupo Nación, al ser dicho conglomerado empresarial, dueño de Parque Viva y también varios periódicos, incluyendo La Nación.

Muchos costarricenses nos preguntamos si se abre un portillo para evadir futuros cierres de negocios por motivos sanitarios, si los dueños de los comercios tienen participación en algún medio de comunicación. También nos preguntamos donde estaba esta Sala Constitucional mientras el gobierno de Carlos Alvarado cerró parques y playas, comercios, impuso una restricción vehicular y hasta persiguió las mal llamadas fiestas clandestinas.

Definitivamente, la Sala Constitucional no aplica los mismos criterios para Parque Viva que aplicó con millones de costarricenses, muchos de los cuales no podían trabajar, acceder a comercios, reunirse con amigos y familiares, ir a parques o playas ni utilizar ese vehículo por el que pagaron un derecho de circulación y muchos impuestos. ¿Cree usted que la Sala Constitucional está corrompida y defiende únicamente los intereses de unos pocos? Comparta su opinión con nosotros en los comentarios.